Basándose en fuentes del Ministerio del Interior en titular del día de hoy, el diario Sega informa que en Bulgaria en dos años de la justicia se han fugado 821 personas condenadas. Una parte de ellas han sido detenidas y enviadas a la cárcel, pero cerca de la mitad siguen buscándose. En 2015, el Parlamento aprobó enmiendas al Código Penal y Procesal, en virtud de las cuales, a las personas condenadas que tienen prohibido salir del país se les retiran los documentos de identidad y en su lugar se les entregan otros de reemplazo. El argumento para esta medida era que de esta manera la policía de fronteras podrá detener a los fugitivos porque los documentos de reemplazo serán reconocidos por los aparatos en los puestos de frontera. Sin embargo, hasta el momento el Ministerio del Interior no ha expedido ningún documento de éstos, han declarado para el Sega fuentes de la entidad. Es así porque el reglamento para expedir los documentos en cuestión tendría que haberse inscrito en la Ley para los documentos de identidad, pero ya van dos años en los que nadie lo ha propuesto. Pero el rotativo comenta que el asunto de los documentos reemplazantes es sólo una parte del gran problema  de las medidas “arresto domiciliario” y “prohibición de salir del país” impuestas por los tribunales. Del Ministerio del Interior muchas veces han dicho que no disponen de los recursos suficientes para controlar a las personas con medidas de “arresto domiciliario” y es por eso que en la práctica cualquiera puede escaparse. Salir del país resulta aún más fácil porque se puede viajar libremente en la Unión Europea y además no es seguro que la policía de fronteras dispone de la información sobre todas las personas objeto de esta prohibición. Otra medida lanzada fue la de las pulseras electrónicas. El proyecto se tramitaba por el Ministerio de Justicia y durante mucho tiempo esta medida no podía entrar en vigor bajo el pretexto de que sobre las pulseras electrónicas no había nada estipulado en la ley. Tras suceder esto, fue abierta una contratación pública que debía asegurar la vigilancia de 1040 personas por un plazo de dos años. En mayo del año pasado, sin embargo, la contratación pública había sido cancelada por no presentarse suficientes compañías. El plazo para presentar ofertas había sido prolongado pero se había presentado sólo una oferta. Eso por su parte había privado a la parte contratante de la posibilidad de elegir de entre varias ofertas y sucribir un contrato con la parte contratada elegida según el criterio anunciado, a saber, “oferta económicamente más ventajosa”. No se ha anunciado una nueva contratación pública, escribe en conclusión el periódico Sega.

Seleccionado por Stoimen Pavlov
Versión en español por Ludmila Sávova