Un registro público de los certificados que acompañan a los alimentos, requisito de documentación obligatoria y control por parte de la Agencia de Alimentos. Esto prevén las enmiendas a la Ley de Alimentos propuestas por la Asociación de Capital Industrial y la Unión de Cooperativas Agrícolas. Además del control estricto, en caso de infracciones se prevén multas de hasta el 10% de la facturación de la empresa. La Comisión Europea establece el doble estándar en la alimentación como una práctica comercial desleal que debe ser sancionada por la administración local.