El 18 de julio la CE publicó su informe sobre el progreso de Bulgaria en los últimos 5 años, en los ámbitos e Justicia e Interior. Al presentar el documento, José Manuel Barroso manifestó: El país ha recorrido un largo camino desde su adhesión a la UE hasta hoy. Ya existen las leyes necesarias, lo importante es garantizar su cumplimiento. Bulgaria debe mostrar resultados contundentes en la lucha contra la corrupción en los altos estratos del poder y contra la delincuencia organizada para disipar la inquietud de los ciudadanos búlgaros y de los socios europeos”. Confirman estas constataciones del Informe de la CE los resultados de un sondeo sociológico realizado en la segunda quincena de mayo de este año.
Solo un 10% de los búlgaros percibe una mejora del sistema de justicia en nacional desde que Bulgaria es miembro de la UE, indica un estudio realizado por la agencia demoscópica Alpha Resurch por encargo del Programa de Desarrollo del Sistema de Justicia.
Las dos terceras partes de los consultados han declarado que no sienten ningún cambio en la eficiencia, la imparcialidad y la justicia de los tribunales. Según un 23% de los ciudadanos, la situación del sistema incluso está empeorando. El análisis de la agencia Alpha Resurch resalta que en opinión de los ciudadanos, la corrupción y la presión política son los problemas más graves de las instituciones relacionadas con la justicia: la policía, la Instrucción, el Ministerio Fiscal y los tribunales.
Lo que más influye en la opinión negativa de los búlgaros sobre la administración de justicia nacional es el desenvolvimiento de los llamados procesos de especial interés público, que son los más comentados por la prensa nacional. Casi 90% de los consultados opina que estos procesos se reducen a un mero ruido mediático sin resultado real.
Refuerzan la actitud negativa hacia el sistema judicial la burocracia, la falta de flexibilidad en la tramitación de los asuntos, las brechas en la ley, los plazos excesivamente largos y las elevadas costas del proceso. El Defensor del Pueblo y los representantes de las instituciones europeas son los únicos que gozan de mayor credibilidad al hablar sobre los problemas de la administración de Justicia (un 29% de confianza y un 19% de desconfianza).
Según el análisis de Alpha Resurch, la poca confianza en el sistema judicial hace que los ciudadanos renuncien a la justicia: el 49% de los encuestados han declarado que no testificarían como testigos de un delito ya que dudan que recibirían la debida protección.
