Llevados por el afán de una vida mejor, por el mito del bienestar en el extranjero, muchos búlgaros abandonan su país buscando mejores posibilidades de vivir en otros países europeos. Estas personas son un buen botín para quienes se dedican al negocio con seres vivos.
Según el Ministerio del Interior de Bulgaria, la cifra anual de víctimas del tráfico de personas asciende a 10.000. Cada año la mafia búlgara gana más de 1 millón de euros de este negocio criminal. Principalmente se trafican mujeres y jovencitas para explotación sexual. Hay muchos casos de víctimas de tráfico laboral. Según los expertos, los sectores de mayor riesgo son los que requieren baja cualificación laboral. En países como España e Italia donde viven cerca de 200.000 búlgaros, los sectores de riesgo son la agricultura, loa construcción y el turismo. Muy a menudo resultan víctimas de explotación laboral las búlgaras que llegan al país correspondiente para trabajar como niñeras o cuidar de personas enfermas.
Para evitar que crezca el número de las víctimas de tráfico con fines de explotación laboral, la Comisión Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Personas ha promovido una campaña informativa para prevenir este ejemplo de esclavitud moderna. La iniciativa es parte del proyecto internacional “Disminuir el número de víctimas del tráfico de personas en Bulgaria y Rumania, explotadas en Italia y en España”, financiado por la Comisión Europea. Han sido creados audio y videoclips especiales que se emitirán en los medios de comunicación de Bulgaria y de Rumania. Se han editado folletos y carteles que serán difundidos entre la gente que vive en las regiones de riesgo de los dos países. En cinco ciudades búlgaras existen comisiones regionales de lucha contra el tráfico de personas. Allí se construirán “Muros de las promesas falsas” que serán derribados al final del proyecto.
Más información sobre los esfuerzos en este sentido nos ofrece Krasimir Popov, viceministro de Trabajo y Política Social de Bulgaria, miembro de la Comisión Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Personas.
“El Ministerio de Trabajo y Política social está creando oficinas especializadas en temas laborales y sociales. Una tal oficina existe en España. Allí labora un representante búlgaro que asesora a los ciudadanos búlgaros que buscan trabajo y que pueden verse en riesgo y condiciones de inseguridad, informándoles sobre sus derechos. Hemos creado un mecanismo de coordinación con el fin de resolver semejantes problemas. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, recibimos información acerca del problema cuando los ciudadanos ya han regresado a Bulgaria. En un escaso porcentaje de los casos, nuestros servicios diplomáticos o los agregados laborales nos informan sobre los casos de tráfico para que se tomen las medidas necesarias. En Bulgaria el organismo que vela por el cumplimiento de la legislación laboral es la Inspectoría General del Trabajo perteneciente al Ministerio de Trabajo y Política Social. Parte de su actividad es observar las agencias mediadoras en el proceso de contratación de ciudadanos búlgaros en el extranjero. Sin embargo, tenemos la sospecha de que algunas de estas agencias se dedican al tráfico de personas. Hemos identificado ya algunos casos de esta índole que hemos remitido al Ministerio Fiscal para su ulterior investigación”.
Además de Bulgaria y Rumania, la campaña informativa abarcará los países considerados receptores de tráfico de personas: España e Italia. La campaña se proyectará tanto a la comunidad búlgara y rumana, como a la población local. El objetivo es informar sobre el problema y las consecuencias para las víctimas de la explotación laboral.
“Es de importancia clave para la solución de estos problemas la buena coordinación con el resto de los países miembros de la UE”, dijo el viceministro Krasimir Popov. “Al recibir una denuncia sobre infracciones, aquí en Bulgaria o bien en otro país miembro de la UE, informaremos de inmediato a los organismos competentes de Bulgaria o del otro país para que sean adoptadas las medidas pertinentes sin demora. Rumanía y el resto de los países de la UE tienen interés en reducir al mínimo los casos de explotación laboral y ocupación ilícita, porque estos dos fenómenos significarían menos ingresos en sus sistemas de seguridad social y más riesgos para la sociedad como tal. Así que estamos totalmente de acuerdo con el resto de países comunitarios y colaboramos para resolver este tipo de problemas”.
Versión en español de Vésela Petrova
