Bulgaria, junto con Grecia y Chipre, ha reclamado en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, celebrada el 8 de octubre en Luxemburgo, que la UE ofrezca asistencia a los países de la primera línea en la ruta mediterránea oriental de la migración rumbo a Europa. Una semana antes, Mladen Marinov, ministro búlgaro del Interior, había avisado sobre el aumento de los intentos de cruce ilegal de la frontera búlgara desde Grecia. Existían temores a un tal incremento ya en el pasado mes de abril cuando el Ejecutivo de Bulgaria discutió con carácter de urgencia medidas para afrontar eventual marea de refugiados desde Grecia hacia Europa occidental vía Bulgaria.
Es indicativo de lo fundado de la gravedad de los recelos de Sofía el hecho de que se admitiera la posibilidad de que los esfuerzos de la policía y la gendarmería en la custodia de la frontera se vieran secundados en caso de necesidad por unidades del ejército nacional. En aquella ocasión el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, resaltaba que la frontera con Turquía se mantenía bien protegida y que los acuerdos pactados con ésta funcionaban bien , señalando , empero, que “con Grecia existe un problema”. Bulgaria asegura también ahora que la situación a lo largo de la frontera búlgaro-turca se encuentra bien controlada si bien participa en una iniciativa conjunto con Atenas, que insiste en que Turquía “asuma la responsabilidad” por la nueva oleada de migrantes en Grecia y “controle el flujo migratorio en el Egeo”. Atenas insiste asimismo en que se produzca una reconsideración del acuerdo pactado entre la UE y Turquía. La alianza que Bulgaria ha establecido con otros dos países de la primera línea en la ruta migratoria del Mediterráneo Oriental-Grecia y Chipre-pone de manifiesto, por un lado, que Bulgaria no es capaz de afrontar sola eventual presión de refugiados de las características de la que se registrara en 2015. Por otro lado, el contenido de las pretensiones formuladas el 8 de octubre ante la UE denotan deseos de participación activa en las próximas discusiones sobre una nueva política migratoria de la UE. Europa no dispone de una política bien articulada en este terreno y hasta se ha convertido en objeto de controversias uno de sus pilares, el Reglamento de Dublín, en virtud del cual los migrantes que llegan ilegalmente a la UE deben ser repatriados al primer país miembros por el que han entrado en el ámbito comunitario. El llamado lanzado por Sofía, Atenas y Nicosia “a que se tomen medidas específicas a nivel comunitario en el contexto de la solidaridad y la responsabilidad europeas, con un reparto justo del peso por medio de una reubicación de los países de la primera línea, una política fiable de retorno a terceros países y un respaldo más amplio para los países de la UE directamente afectados”, representa, en esencia también un llamamiento de diseñar una nueva política migratoria común. Ha abogado por tal política migratoria también Alemania cuyo ministro del Interior, Horst Seehofer, ha declarado que si los países comunitarios de la primera línea fueran dejados a proteger solos sus fronteras nunca se llegaría a contar con una política europea común de asilo y si tal política no existiera se correría el peligro de una nueva y descontrolada inmigración en toda Europa. En señal de una buena voluntad en vísperas de las negociaciones en torno a los temas migratorios, que se celebrarán en lo que queda de año, Seehofer ha asegurado que su país podría acoger a un 25% de las personas rescatadas por mar y llegadas al territorio de Italia. Esta sintonía de las posiciones germanas con las de Sofía, Atenas y Nicosia alienta expectativas para un buen progreso en las direcciones pretendidas de la política migratoria común de la UE. Sería un indicio de peso de tal progreso también la aceptación de la petición de respaldo financiero para los países situados en la ruta migratoria del Mediterráneo Oriental, incluso en el contexto del próximo marco financiero plurianual de la UE para el período 2021-2026.
Versión en español por Mijail Mijailov
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