¿Se corresponde con los principios democráticos el Acuerdo para la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión? ¿Los intereses meramente comerciales que defiende acaso no están en detrimento de la sociedad civil? Estas y más preguntas formaron parte del debate organizado por la fundación Friedrich Ebert  y la asociación cívica Bulgaria Solidaria.

A primera vista, la idea de liberalizar el comercio entre EEUU y la UE suena de forma atractiva. Sus defensores de la Comisión Europea y el ex presidente, José Manuel Durão Barroso, dicen que aceleraría el crecimiento económico, crearía más puestos laborales y facilitaría el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los recursos crediticios.

Sin embargo, según 230 organizaciones cívicas de 21 países miembros de la UE que han firmado una petición en contra del acuerdo, éste no beneficiaría a los ciudadanos del Viejo Continente, sino a las grandes corporaciones. La petición se puede encontrar en Internet en la dirección https://stop-ttip.org Los políticos de la izquierda que se unieron al debate en la conferencia  también expresaron recelos con respecto al acuerdo. El presidente de la Nación, Rosen Plevneliev, opina lo contrario y cree que el acuerdo hará que aumenten las inversiones norteamericanas en Bulgaria.  El debate serio sobre qué significa para Bulgaria la firma del Acuerdo de cooperación comercial entre la UE y EEUU todavía está por delante.

Según Georigi Pirinski, diputado europeo y miembro del Partido Socialista Bulgaro: “El énfasis sobre la respuesta democrática y el carácter democrático de este acuerdo, sin duda alguna, son el foco central del debate. Como es sabido, este acuerdo tiene la ambición de formular normas de carácter global”.

Ivailo Kalfin, viceprimer ministro y titular de Trabajo y Política Social, también ha expresad críticas: “Los cálculos de la Comisión Europea son que el efecto anual para la economía europea sería de unos 130 mil millones de euros, que representa un crecimiento de un 1%. Sin embargo, para la economía estadounidense, este efecto sería de unos 90 mil millones de euros. Tanto la economía europea, como la estadounidense son relativamente cerradas y su interacción con el mundo exterior está limitada. Para tener una integración exitosa, ambas deben ser más o menos homogéneas y tener más o menos el mismo grado de desarrollo”.

Los cortos plazos en que trascurren las negociaciones también suscitan muchos comentarios negativos por parte de los ciudadanos europeos. Oficialmente, las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión empezaron en julio de 2013, el 3 de octubre terminó la séptima ronda, pero la información es escasa. Muchos dudan de que el acuerdo sea firmado en el plazo previsto, o sea, hasta finales de 2015.

A pesar de las evidentes prisas en finalizar el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, hay, al menos, cuatro importantes temas de debate sobre los que la UE y EEUU no pueden alcanzar un acuerdo. EEUU no está dispuesto a liberalizar sus mercados financieros, y la UE no acepta la eliminación de los mecanismos de defensa de la producción local y las “denominaciones de origen” como, por ejemplo, la del champagne francés. Europa está en contra de la liberalización que reclama EEUU del acceso a datos personales y no acepta el mecanismo que propone EEUU para resolver litigios entre el Estado y los inversores (en inglés, investor-state dispute settlement) que son presentadas ante un tribunal comercial internacional especializado.

Las organizaciones cívicas están preocupadas por el hecho de que el inversionista puede presentar una demanda ante el tribunal de arbitraje, pero no así el Estado, que por lo general es la parte que pierde y que paga multas con dinero de los contribuyentes. 

Según Georg Tuparev, especialista en informática que reside en los Países Bajos y es miembro del partido político Los Verdes, los mecanismo de resolver las controversias de carácter comercial en el marco de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión podrían provocar una situación sin precedentes en la que, para satisfacer las pretensiones de los grandes inversores, haría falta privatizar ciertas empresas y, de ahí, limitar el acceso de los ciudadanos a ciertos sectores como la educación, la sanidad, la cultura.

Petar Klisarov, representante del partido político Democracia Directa, opina que firmar el acuerdo en su actual forma significaría un peligro real de eliminar las regulaciones en áreas como la ecología, la sanidad, la educación, la protección de datos personales, la política social. “De esta manera el modelo de la democracia representativa se agotaría y el mundo avanzaría hacia un modelo global dominado por los intereses económicos”, añade Klisarov.

Versión en español por Ruslana Valtcheva