Han transcurrido los primeros 100 días del Gabinete Borisov-2 y los gobernantes opinan que han abierto “un amplio frente de reformas” no obstante las críticas de la oposición y de los empresarios que no las hay. Algunas de las más urgentes son en el ámbito del poder judicial, la lucha contra la corrupción en los altos niveles del poder y el crimen organizado. A pesar del tono suave del informe de la CE sobre el progreso de Bulgaria en materia de Justicia e Interior, publicado en virtud del Mecanismo de Control y Verificación, las recomendaciones son categóricas:

“Este informe debe ser concebido como un crédito de confianza otorgado con precaución”, declaró el ministro de Justicia, Hristo Ivanov. “Debemos estar conscientes de que la tasa de interés de este crédito es altísima. Si no aprovechamos el tiempo que nos es concedido para realizar reformas lo suficientemente visibles y sustanciales, no cabe duda que seguirá un informe muy crítico”.

La primera de las 16 recomendaciones recogidas en el documento atañe el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura. Se hace recordar una vez más la recomendación de la Comisión de Venecia relativa al conflicto de intereses: no puede ser que fiscales y jueces de instrucción participen en la toma de decisiones sobre la promoción profesional de los jueces.

“Hay más: en este órgano el componente político tiene mayoría sobre el componente judicial, continúa diciendo el ministro. Los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, designados por el Parlamento, predominan en número sobre los representantes de los jueces y de tal manera limitan la posibilidad de los tribunales de autogobernarse. Existe una clara norma internacional: las decisiones sobre la promoción de los jueces deben ser tomadas por un órgano en que tengan mayoría los jueces elegidos por jueces. Sin embargo, la reorganización del Consejo Superior de la Judicatura tiene también otras dimensiones. Está llamada a crear por primera vez un colegio de fiscales y jueces de instrucción. Así se posibilitará el proceso de gestión colectiva de la fiscalía. Será el inicio de la conformación de un nuevo modelo de gestión de la fiscalía para mejorar su eficiencia. Tal es uno de los principales objetivos que se plantea la reforma judicial. En segundo lugar, la reorganización del Consejo Superior de la Judicatura deberá ir en paralelo con la reorganización de los tribunales en lo sucesivo”.

La reforma judicial auténtica es cuestión de responsabilidad política e institucional, estima el ministro de Justicia, Hristo Ivanov, y pone el ejemplo de la aprobación por el Parlamento de la Estrategia de la Reforma Judicial:

“Hemos visto que en torno a la aprobación de la estrategia para la reforma judicial en el Legislativo se formó algo que yo llamaría una “coalición de los indeseosos”, explica el ministro. “Resulta que cuando se trata de una declaración de intenciones, todos los diputados pretenden ponerse bajo la bandera de la reforma judicial. Ninguno desea oponerse a la reforma judicial. Esto indica que no hay razón para que en el Parlamento no se forme una mayoría constitucional, tan necesaria para algunas reformas asociadas a la reorganización del Consejo Superior de la Judicatura. Ahora bien, ¿se formará una “coalición de los deseosos” de hacer realidad las reformas, tal y como sucedió a la hora de aprobar la Estrategia para la Reforma Judicial? Hemos visto que no hay motivo para que no se forme una mayoría constitucional. La cuestión es centrarnos en las tareas que son de responsabilidad nacional. En este sentido no interesa quién es de la mayoría gobernante y quién, de la oposición. ¿Seremos capaces de definir la reforma del sistema de Justicia como tarea prioritaria nacional, indistintamente de quién esté en el poder? ¡Ya veremos!”

El ministro de Justicia puntualizó que la Estrategia comprende un período de siete años. “El documento no señala ni mucho menos que en el transcurso de un verano revoltoso podríamos reformar el sistema de justicia”, explicó aludiendo a que en verano de este año esperamos un nuevo informe, oral, de la Comisión Europea sobre este tema.

Los cambios pretendidos y esperados deberán operarse a varios niveles. La estrategia describe todo un paquete de reformas en el modelo de gestión del poder judicial, que incluye una nueva estructura orgánica de la Fiscalía, un nuevo modelo de gestión de los tribunales, y una nueva política criminal, ya que la lucha contra la delincuencia todavía padece “los efectos de la coyuntura”.

Versión en español por Raina Petkova