Mientras se espera el desenlace en torno a las protestas de los policías contra las intenciones de recortar en el Presupuesto 2016 algunos privilegios financieros y materiales de los funcionarios del Ministerio de Interior, el poder ejecutivo parece haberse encaminado a la apertura de un segundo frente, contra los privilegios en el sistema de Justicia. Apareció en el campo de batalla el ministro de Justicia, Jristo Ivanov,  quien hace dos días exhortó al Consejo Superior de la Judicatura a reconsiderar las bonificaciones sociales en el sistema de Justicia, entre ellas la indemnización con 20 sueldos mensuales a la hora del retiro, idéntica a la que tienen los funcionarios del Ministerio del Interior. El ministro arguyó que estas bonificaciones, por desgracia, no se relacionan con la calidad del trabajo realizado sino solo con los años de antigüedad laboral. Este modelo ha perdido su vigencia desde hace ya mucho tiempo, concluyó el titular de Justicia. Las reacciones no se hicieron esperar. Gueorgui Kolev, presidente del Consejo Superior de la Judicatura expresó tajante que la indemnización del orden de 20 sueldos mensuales en el sistema de Justicia debe mantenerse intacta. Su argumento no es de subestimar : existe una gran diferencia entre  el número de funcionarios en plantilla en el Ministerio  de Interior y  la plantilla en el poder judicial. La Unión de Jueces fue más abrupta aún y en su posición se expresa que las propuestas  de recortar las bonificaciones “son sendos indicios de  inexistencia total de pensamiento estratégico y de responsabilidad estadista”. El Ejecutivo probablemente cuenta con armas ocultas para abrir dos frentes  en sectores neurálgicos del Estado. Los policías en protesta resultan vulnerables por dos razones. Primero, por haber aplicado en forma brutal  manifestaciones  de protesta movidos por instintos primitivos al bloquear sin previo aviso encrucijadas clave en las  grandes ciudades y así provocaron  la irritación de la mayor parte de la sociedad. Y, segundo, como guardianes del orden en un ministerio de Fuerza, pese a estar desmilitarizados los policías están sujetos a una estructura rigurosamente centralizada y cumplen órdenes. Quien desacata las órdenes corre riesgo de sufrir sanciones disciplinarias y hasta  verse despedido sin que llegue a cobrar  la indemnización codiciada de 20 sueldos mensuales. No suena  verosímil la afirmación de líderes sindicales  de que si se suprimen los  privilegios financieros gran número de  policías abandonarán las filas del Ministerio de Interior. Ahora bien, admitamos que así ocurra. Entonces ¿ a dónde irán quienes abandonan  el ministerio?¿Acaso en el sector  privado de custodia y seguridad se  perciben  salarios tan  generosos como en el Ministerio de Interior? Según varios observadores , después del miedo y estupefacción iniciales el poder ejecutivo sabrá domeñar la protesta de  los policías. Aparecen distintas las cosas en el sistema de Justicia, que es un sistema independiente en el cual no se cumplen órdenes. Los magistrados, por la naturaleza de su profesión y su nivel  educacional jamás recurrirán a primitivas formas de protesta ni  ofrecerán motivo alguno para ser criticados. Es por esto que el ministro de Justicia obra con mucho tino y delicadeza usando guantes de terciopelo. Su fórmula de actuación es jesuita. Dice él: ”Para mi es positivo que el debate en el Consejo Superior de la Judicatura en torno a todo el paquete de incentivos y medidas para lograr eficiencia se está  desarrollando .La discusión la podremos desarrollar  en el marco del próximo año”, señala el ministro Ivanov. Nadie  es capaz de adivinar desde ya lo que podrá pasar hasta finales de 2016.