Todos se había desarrollado evidentemente en base a un guión previo y hoy nadie es capaz de disipar la sospecha de que el banco fue abocado dolosamente a la quiebra. Pero, como las cosas comenzaron a oler demasiado a podrido, en los últimos días se le ofreció a la sociedad un chupete para que ésta se serenara y retuviera el aliento esperando que se hiciera justicia. Los síndicos del BCC hicieron pública una lista de los depositantes en el Banco Comercial Corporativo. Salieron a la luz del día hechos curiosísimos: más de 180 jueces y más de un centenar de fiscales habían tenido sus depósitos en este banco. Son igualmente numerosos los nombres de políticos, diputados, alcaldes y ediles, expertos o familiares suyos, participantes en sociedades estatales, o sea, personas todas ellas obligadas por ley a declarar su patrimonio cada año. Una serie de medios informativos llegaron a calificar al BCC de “banco de los magistrados y los entresijos”.

No se hizo esperar la reacción del Consejo Superior de la Judicatura, cuya Comisión Ética ha anunciado que solicitará al Tribunal de Cuentas que coteje los ingresos declarados por los magistrados con sus depósitos en el banco. El titular de Finanzas, Vladislav Goranov, insistió, por su parte, en que fuera desclasificado el informe de la Alix Partners, compañía de investigación de quiebras bancarias, contratada en el verano de 2015 para hacer una inspección en el BCC. Esta petición provoca extrañeza, ya que el propio ministro Goranov se oponía, unos días atrás y en forma categórica, a tal desclasificación, porque ello ”lesionaría el proceso de recaudación de los cobros del banco. Ahora toca al Tribunal de Cuentas, a las autoridades tributarias y, por qué no, a la Agencia Estatal para la Seguridad Nacional, iniciar inspecciones en relación con la lista de depositantes hecha pública.

Pero si uno dice “A” deberá decir también “B”. La “lista –chupete” de los depositantes en el Banco Comercial Corporativo muy pronto provocará tedio y será escupido el chupete. Así, se deberá entonces hacer pública la lista mucho más importante, la de las personalidades públicas y no públicas que habían cobrado préstamos no avalados, para ver dónde habían ido a parar los miles de millones de euros del banco quebrado. Así se disipará la niebla en torno al BCC y se podrá responder a la pregunta de quién había sustraído el dinero de esta entidad bancaria. Si esto ocurre −y de ello hay grandes dudas− se producirán, a ciencia cierta, conmociones no sólo financieras, sino también políticas. Tanto las autoridades tributarias como los funcionarios del Tribunal de Cuentas y los agentes de la Agencia Estatal para la Seguridad Nacional se enfrentarán con un auténtico quebradero de cabeza, ya que no sabrán por dónde empezar la operación “Manos limpias”.

Según coinciden en señalar algunos observadores, con el caso del BCC se hizo, por enésima vez, en los años de transición posteriores a la caída del régimen totalitario, una redistribución entre bastidores de recursos económicos de la nación. Los participantes son muchos y se sitúan en las altas esferas del poder. No permitirán que sea arrojada toda la luz sobre la verdad en torno a la quiebra del Banco Comercial Corporativo. Es que si esto sucediera se verían minados los fundamentos de los entresijos del poder y la corrupción, desde los cuales, al parecer, se están gobernando los sistemas político, económico y judicial de Bulgaria.

Versión en español por Mijail Mijailov