Con sucesivas “descargas de metralla” contra los contratos públicos, el primer ministro Boyko Borísov recordó a los búlgaros durante la semana saliente que es él quien toma las decisiones, nombra o despide, y que, además, puede hacerlo verbalmente.

El lunes sorpresivamente ordenó cancelar el contrato público, por valor de casi 500 millones de euros, para la construcción de 60 kilómetros de la autopista Hemus. De hecho, la licitación ya se celebró y fue ganada por compañías supuestamente vinculadas con Delyán Péevski, el escandaloso empresario y diputado del Movimiento por Derechos y Libertades, y el director de la Lukoil–Bulgaria, Valentín Zlátev, pero todavía no se ha cerrado ya que es impugnada por dos empresas extranjeras: la turca Tasyapi y la italiana Serenissima Costruzioni. Inicialmente Borísov se argumentó diciendo que no hay dinero y que no se puede asegurar financiación de la UE. Dicho sea еntre paréntesis, el que no habrá financiación europea se sabía desde hace tiempo porque la autopista no es parte de un corredor paneuropeo. Luego, el Premier no ocultó estar preocupado por “los rumores que corren” de que los propietarios de las empresas ejecutantes son Péevski y Zlátev, y declaró que quería que todo lo relacionado con la licitación fuera transparente y legal. Al final quedó claro que se han encontrado fondos y que se celebrará una nueva licitación.

La siguiente “descarga” fue contra otro contrato público por cientos de millones de euros, para el cambio de los documentos de identidad de los búlgaros. Por sospechas de falta de transparencia y de precios inflados el concurso se canceló y Borísov decidió que los nuevos documentos de identidad serán impresos en estructuras estatales, “por ser más barato”. Al final, al menos por esta semana, por orden del Premier se suspendieron algunas licitaciones para la construcción de caminos forestales y para proyectos públicos en las ciudades de Varna y Burgás.

Dejando a un lado si es permisible que el Primer Ministro de un país democrático de la UE suspenda a decisión propia licitaciones para contrataciones públicas, iniciadas o ya celebradas, ¿qué podría significar toda esa agitación? Posiblemente el premier Borísov ha comenzado a sufrir del “síndrome de Péevski”. Hace días, durante la escandalosa reunión con compatriotas en Londres se le preguntó si no veía a Peevski cuando se miraba en el espejo. Luego medios turcos empezaron a afirmar que el polémico diputado está involucrado en contrabando de cigarrillos entre Bulgaria y Turquía y que es persona non grata en el vecino país. Al mismo tiempo, Bruselas anunció la posibilidad de suspender el monitoreo sobre Rumanía. Así Bulgaria quedaría el único país controlado si realmente efectúa reformas en el sistema judicial y si realmente lucha contra el crimen organizado y la corrupción en las altas esferas del poder. Algunos periódicos capitalinos hasta hicieron circular el rumor de que la CE había instado al Primer Ministro búlgaro de que no se vierta el dinero de los contribuyentes en ciertos grupos económicos porque de lo contrario Bulgaria podía dejar de recibir recursos de los fondos europeos. Y a eso Borísov le teme como el diablo al agua bendita.

Resumiendo, una de las versiones podría ser que, para salvar las apariencias, el Premier haya decidido que hay que realizar alguna que otra licitación de manera transparente. Otra versión posible es que se haya producido un desplazamiento de los estratos en la cleptocracia en el país, haciendo indispensable reorientar el recurso público a otros círculos oligárquicos. En fin, hay un mar de hipótesis. No obstante, el teatro con los contratos públicos ha confirmado un secreto a voces: que cuando se van a gastar grandes sumas de dinero público la última palabra siempre le corresponde al primer ministro Boyko Borísov.

En conclusión, no sería demasiado afirmar que la agitación en torno a las contrataciones públicas no fue otra cosa más que arrojarle polvo a los ojos de los contribuyentes.