Los recursos humanos, este horrible término burocrático, que ha dado nombre a más de un proyecto financiado por la UE, resultará el problema más grave deBulgaria. Se expresaron en forma más comprensible dos primeros ministros búlgaros: Simón de Sajonia Coburgo y Gotha llegó a decir en su mandato que a los búlgaros se les debería cambiar el chip, o sea su mentalidad. Al reunirse con búlgaros residentes en EEUU, durante su mandato anterior, el actual primer ministro, Boiko Borisov, había expresado en su estilo típico de argot, que las reformas no avanzaban porque “el material era malo”. Posiblemente los dos hayan estado en lo cierto.
A comienzos de la semana que despedimos Borisov retiteró claramente que Bulgaria continuará por el camino de la reforma en el terreno de la Justicia. Puesto que llevamos ya más de 20 años haciendo referencias a una reforma judicial, probablemente ya sea hora de ver con quién Bulgaria tendrá que hacerla porque una de las vertientes de la reforma es el texto que los diputados plasmarán en las leyes. La parte subsiguiente y sustancial de la reforma Judicial es su materialización cuyos protagonistas son los magistrados. Durante la semana la Cámara de Cuentas hizo públicas listas con sus conclusiones sobre incongruencias constatadas tras las inspecciones hechas de las declaraciones de patrimonio, cursadas por las personas que ocupan altos cargos estatales y públicos.
En las listas hay 278 casos en los que la información depositada ante el registro público no se corresponde con el estado real de los bienes raíses y las finanzas de los inspeccionados altos cargos partidistas miembros de estructuras de gestión nacionales y locales y magistrados y sus familias. Más del 40% de quienes omitieron declarar adquisidores de bienes raíces y pecuniarias son jueces de instrucción, fiscales y jueces. En esta lista descuellan los nombres de magistrados que se olvidaron de declarar rentas que van de 10 a 45 mil euros. Para el país más pobre de la UE se trata de cuantías importantes dado que el sueldo medio mensual en Bulgaria es de unos 400 euros. El salario que cobra un presidente de un Tribunal búlgaro es poco probable que supere los 2mil euros.
¿Cuánto tiempo debería uno haber presidido un Tribunal para ahorrar 45 mil euros, que solo son una parte de los ingresos? Es la parte que servicialmente han omitido declarar. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que tales sumas de dinero tienen una procedencia dudosa. Y es que incumbe a personas de tales ingresos y moral sacar a Bulgaria del ofensivo monitoreo de Bruselas, que ha planteado como condición para suprimirlo la reforma en el sistema de Justicia en Bulgaria. Al poder judicial de este país se ha aferrado una elite formada ya en los primeros años posteriores a los cambios de 1989. Esta elite está contenta con el estatus quo y permitiría por nada del mundo que éste cambiara. Esto no es de extrañar ya que el sistema de Justicia es la parte más anquilosada de la vida pública en la Bulgaria postcomunista, el cual se democratiza con la mayor lentitud ya que en los 45 años de poder comunista simplemente no había existido. El cambio generacional que debe engendrar la necesidad inherente de cambios en el sistema de justicia sucede lenta y penosamente. Tan lenta y penosamente se desarrollará también la tan anhelada reforma Judicial.
Versión al español de Hristina Taseva
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