Sorprendentemente para muchos, durante la semana saliente las fuerzas gobernantes y de oposición en Bulgaria mostraron que también pueden estar unidas. En una conferencia en el Parlamento Europeo en Bruselas, eurodiputados del gobernante partido GERB y de los opositores Partido Socialista Búlgaro y Movimiento por Derechos y Libertades instaron que el monitoreo de la CE sobre el Poder Judicial y los Asuntos de Interior en Bulgaria sea “reconsiderado”. Contrariamente a la lógica sana, sobre el telón de fondo de las valoraciones negativas sobre la marcha de la reforma judicial en el país y de las continuas y no rechazadas por nadie críticas de corrupción en las altas esferas del poder, los organizadores abogaron que el monitoreo sea reconsiderado e incluso cancelado porque perjudica a Bulgaria en el plano internacional, no da los resultados esperados y hasta es discriminatorio, ya que no se aplica a otros países de la UE con problemas similares. Sonó paradójico pero a eso se opuso el más pequeño socio de coalición en el Gobierno, el Bloque Reformista. Los Reformistas consideran que el propósito de tal exigencia es mantener el status quo en materia de justicia y asuntos de interior donde, a pesar de las críticas de la CE, faltan medidas para avanzar. Hubo discordia también entre los representantes de Temis. En Bruselas, por la supresión del monitoreo intercedieron, además, el propio Fiscal General y otros altos representantes del Poder Judicial de Bulgaria. En Sofía, empero, reconocidos jueces y fiscales expresaron su desacuerdo con sus consideraciones señalando que el problema no radica en la supervisión de la CE sino en las instituciones nacionales supervisadas. Esta última opinión es compartida por la mayoría de la sociedad, porque, según encuestas, el 80% de los ciudadanos búlgaros confía en el monitoreo europeo percibiéndolo como una garantía de que también en Bulgaria habrá reformas.

Versión en español por Daniela Radíchkova