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Corresponde a los búlgaros decidir si los oligarcas se inmiscuyen en los asuntos del Estado

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Sotir Tsátsarov (iz.), Sasho Donchev
Foto: BGNES

Por segunda semana la sociedad búlgara sigue con desconcierto un escándalo surgido a raíz de una reunión entre el fiscal general, Sotir Tsátsarov, y el empresario del sector gasístico Sasho Donchev. La reunión tuvo lugar en la oficina de otro hombre de negocios importante, Gueorgui Guergov, que es, también, miembro de la gestora del Partido Socialista Búlgaro (BSP, por sus siglas en español). Según Donchev, Tsátsarov le hizo amenazas y preguntas inadmisibles sobre el diario Segá, del que es propietario y que publica, pero el Fiscal lo desmintió.

El presidente Rumen Radev y el primer ministro interino, Ognyán Gerdzhikov, declinaron comentar el caso debido a la ambigüedad de los datos al respecto. En la sociedad, empero, se impuso la opinión de que un fiscal, y menos aún el Fiscal General del país debería discutir nada con ningún empresario fuera de su despacho, además con la mediación de otro empresario. De hecho esa fue la razón del distanciamiento del BSP de Gueorgui Guergov. Kornelia Nínova, lideresa de los socialistas, declaró que un partido entero no puede ser considerado responsable de las acciones individuales de uno de sus miembros. Puesto bajo fuerte presión, Guergov dimitió de la Mesa Directiva del BSP lo cual provocó agitación interna en el Partido y sus estructuras en Plovdiv se volvieron contra de la dirección central.

El partido GERB, que ganó las elecciones parlamentarias, también entrevió peligro en el caso. Su líder, Boyko Borisov, supuso que el Fiscal General había “caído en la trampa de oligarcas rojos”. El GERB también se distanció de Gueorgui Guergov y ordenó a los municipios de Plovdiv y Varna, dominados por el GERB, deshacerse de sus acciones en la Feria de Plovdiv, cuyo propietario mayoritario es precisamente el empresario socialista. Esto causó confusión en las filas del partido GERB ya que el 49% de participación Estatal en la Feria fue transferido a los municipios de Plovdiv y Varna por decisión del Gobierno del propio GERB hace menos de un año.

El escándalo provocó una discusión feroz con ataques personales brutales en el Consejo Superior de la Judicatura, el cual, en última instancia, se pronunció a favor del Fiscal General y se negó a investigarlo por su reunión con los empresarios Donchev y Guergov argumentando que era un asunto personal y de ninguna manera planteaba problemas. El Fiscal General se negó a contestar a los magistrados por qué se había reunirdo con Donchev alegando que el escándalo seguía, supuestamente, el guión de otra persona y que él no era parte del mismo.

Los acontecimientos más recientes demuestran que en lugar de esclarecerse, el caso se enreda cada vez más. Así, todas las insinuaciones que han surgido a medida que el escándalo ha progresado probablemente permanecerán en el ámbito de la duda, y no serán las instituciones sino los ciudadanos búlgaros los que deberán decidir si fue causado por la oligarquía, o que no ha pasado nada y los dos partidos más grandes del país y los altos magistrados se inquietaron en balde.


Versión en español por Daniela Radíchkova


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