Esta semana se hizo público el informe anual sobre las actividades de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (DANS, por sus siglas en búlgaro) para el año 2017. La mayoría de los medios informativos destacan la conclusión de que los servicios de inteligencia de varios países de la región de los Balkanes continúan trabajando activamente en sus doctrinas de política exterior e intereses estratégicos, lo cual incluye intentos de obtener información sensible y clasificada sobre los procesos que se desarrollan en los ámbitos social, político, económico y militar en Bulgaria. Un objeto de interés permanente han sido las posiciones, las intenciones y la actividad del Estado búlgaro y sus aliados en las esferas euroatlánticas de la política exterior, la política de seguridad y la planificación de acciones de defensa y cooperación. Ha habido también un interés particular en los preparativos y el proceso mismo de la celebración de la Presidencia búlgara del Consejo de la UE durante el primer semestre del año en curso.

En 2017, no se ha recibido información sobre ninguna actividad terrorista, planificada o realizada, en Bulgaria, ni de ningún ataque contra ciudadanos búlgaros en el extranjero, o de la creación de estructuras terroristas en el territorio de este país. No obstante, en su informe DANS reporta que los sitios de otros países ubicados en Bulgaria, así como los ciudadanos y los sitios búlgaros en el extranjero siguen siendo objetivos potenciales para ataques terroristas. Por estar implicadas en actividades terroristas, se ha rescindido el derecho de residencia a 31 personas y se les han aplicado las medidas de “expulsión” y “prohibición de entrada en Bulgaria”. Los grupos y organizaciones de extrema derecha, extrema izquierda y anarquistas en el país no tienen ningún peso político real ni apoyo público, por lo que el riesgo para la seguridad nacional derivado de sus actividades es de baja intensidad.

En 2017, la presión migratoria sobre Bulgaria ha disminuido en un 84% en comparación con 2016. No obstante, el país sigue siendo un territorio de tránsito para la migración a Europa Occidental.

En el informe anual de DANS se señala que la corrupción de alto nivel se mantiene como un problema político, económico y social significativo. Los sectores más susceptibles a la corrupción son los de recursos materiales considerables, donde existen procedimientos para la adjudicación de contratos de servicio público que no son transparentes, así como violaciones y deficiencias en el ejercicio de las funciones de control o licenciamiento. Han sido frustrados delitos de corrupción cometidos por empleados de la Agencia de Aduanas y de la Agencia Estatal de Inspección Financiera. Han sido presentados cargos contra 34 personas, incluidos un ministro del Gabinete y un viceministro, un ministro de un gabinete interino, un director de un hospital especializado y el director ejecutivo del Centro de Congresos del Palacio Nacional de Cultura. Para contrarrestar ese fenómeno, a inicios de 2018 se estableció un organismo único: la Comisión contra la Corrupción y para la Confiscación de Bienes Adquiridos de Forma Ilegal.

Versión en español por Daniela Radíchkova