El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales artículos y disposiciones de la Ley de Servicios Sociales. Han sido derogados tres artículos que otorgan amplios derechos a los proveedores de servicios sociales de organizaciones no gubernamentales para visitar en el hogar a las personas atendidas y obtener información personal sobre ellas. También ha sido rechazada la restricción de los derechos de los padres en el uso de servicios sociales por menores. 54 diputados de la izquierda han impugnado 45 disposiciones de la Ley, así como la delegación de algunos de los servicios sociales a proveedores privados. “Las decisiones del Tribunal Constitucional no se comentan, se cumplen”, ha dicho la ministra de Trabajo y Política Social, Denitsa Sácheva.