Varios centros educativos, escuelas privadas y salas de estudio privados están en peligro de quiebra a causa de la orden del ministro de Sanidad, con la cual se cancelan las clases presenciales a partir del 29 de octubre. Una gran parte de sus propietarios no reúnen los requisitos para acceder al apoyo financiero por el Estado. En una carta a las instituciones, ellos advierten que si se les priva del derecho a trabajar dejarán de pagar impuestos y cotizaciones a la seguridad social en el periodo en que habrán permanecido cerrados. Para poder sobrevivir en la crisis, insisten en recibir una ayuda directa del 80% de la cuantía de los salarios y las cotizacaciones a la seguridad social de sus empleados y del 80% del valor de los alquileres que pagan para los recintos que utilizan.