Por disposición de la Fiscalía Suprema Administrativa, en el período del 26 de octubre al 20 de noviembre han sido inspeccionadas veintidós instituciones especializadas para personas con trastornos psíquicos y retraso mental. Las inspecciones han sido motivadas por denuncias de violencia y malas prácticas en tres instituciones sociales, hechas el pasado mes de agosto por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Deshumanos y Degradantes. Tras las inspecciones, se ha resuelto ir cerrando escalonadamente todas las veintiocho instituciones especializadas subvencionadas por el Estado hasta el año 2027.