Los candidatos y participantes en las contrataciones públicas no podrán invocar la confidencialidad de la propuesta de precio, así como de los precios unitarios que la conforman. Lo anterior se establece en algunas de las modificaciones al Reglamento de Implementación de la Ley de Contratación Pública aprobadas por el Gobierno dimitido. Las mismas están relacionadas con el uso a partir del 1 de enero de 2020 de la plataforma nacional de contratación electrónica de la Agencia de Contratación Pública, informa la agencia de noticias BGNES.