La Asamblea Nacional de Bulgaria ha impuesto una moratoria a las transacciones y nombramientos que pueden ser firmados por los ministros del Gobierno saliente hasta el final de su mandato. Cinco de los seis grupos parlamentarios de los partidos políticos representados en el Parlamento han votado a favor de restringir los poderes del Consejo de Ministros. La excepción ha sido el GERB (Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria). Los exgobernantes han calificado el acto de inconstitucional, refiriéndose a un fallo precedente del Tribunal Constitucional.