La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres ciudadanos búlgaros por su importante rol en la corrupción en Bulgaria, así como a 64 empresas de su propiedad. Así reza una declaración publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Las medidas apuntan a Vasil Bozhkov, presentado como un “empresario famoso y oligarca búlgaro”, a Delán Péevski, “un exdiputado", e Ilko Zhelazkov, exsubdirector de la Agencia Estatal de Operaciones Técnicas.

“La corrupción no solo priva a los ciudadanos de recursos, sino que también socava las instituciones diseñadas para protegerlos. Este anuncio público de sanciones contra individuos bajo el Programa de Sanciones Globales Magnitsky muestra que estamos comprometidos a combatir la corrupción dondequiera que ocurra”, ha dicho Andrea Gacki, directora del Servicio de Control de Activos Extranjeros.

En el comunicado dice que Vasil Bozhkov presuntamente había sobornado a funcionarios del Gobierno, incluido un "líder político actual". Además, había planeado proporcionar una suma de dinero a principios del año en curso a un exfuncionario y un político búlgaro para ayudarlo a crear un canal para que los líderes políticos rusos influyan en los funcionarios búlgaros.

Sobre Delán Péevski, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que estuvo "involucrado regularmente en actos de corrupción", utilizando su influencia. Negoció con políticos para brindarles apoyo político y una cobertura mediática positiva a cambio de recibir protección contra las investigaciones penales, informa Radio Nacional de Bulgaria.

A Ilko Zhelazkov se le describe como un apoderado de Péevski, quien lo utilizaba para participar a través de él en esquemas de corrupción al emitir documentos de residencia búlgaros a ciudadanos extranjeros.

Las sanciones impuestas a Bozhkov, Péevski y Zhelazkov bloquean todos sus derechos de propiedad en Estados Unidos.

En relación con la información hecha pública por el Departamento de Estado de EE. UU. sobre las medidas aprobadas en virtud de la Ley Magnitsky contra personas físicas y jurídicas búlgaras, el Ministerio de Exteriores de Bulgaria ha declarado lo siguiente: “La supremacía de la ley es la base del proceso democrático en cualquier país gobernado por el Estado de derecho. En nuestras relaciones con socios y aliados, hemos compartido de manera inequívoca nuestra convicción de que la lucha contra la corrupción en todas sus formas debe ser nuestra prioridad incondicional y práctica”.