El fiscal general Iván Gueshev ha comparecido sorprendentemente en la Asamblea Nacional para advertir a los diputados de la Comisión de Justicia que la Fiscalía se niega a encargarse con la responsabilidad de las consecuencias de la clausura del tribunal y la fiscalía especializados y del traslado de la Oficina de Protección a los Testigos al Ministerio de Justicia. En sus palabras, la aprobación de los proyectos de ley provocará la baja eficiencia de la Fiscalía y un boom de la delincuencia equiparable al de los años 90 del siglo XX. Además, testigos en procesos judiciales clave quedarán sin protección y los juicios contra la delincuencia organizada deberán ser incoados de nuevo.