Hasta ahora el Tribual Administrativo de la capital de Bulgaria ha rechazado más de una treintena de quejas contra las medidas  antiepidémicas,  relativas , la mayoría de aquéllas, a la exigencia de  un certificado verde Covid. Los remitentes de las quejas aseguran que, por no ir provistos  de tal certificado no se les admitirá a sus puestos  de trabajo ni tendrán acceso a lugares públicos, viéndose en la necesidad de  hacer gastos en testeos. Según el Tribunal las quejas no han  recogido pruebas  concretas de  daños  y perjuicios sufridos sino sólo  hipótesis de que puedan producirse tales. En  algunas de las resoluciones judiciales  se señala  que la  orden  para el  Certificado Verde Covid incorpora la presunción de que  el interés público  y estatal  ha de  prevalecer frente al interés  individual