En la Cumbre de la semana pasada, la UE no llegó a un acuerdo sobre el controvertido pacto de libre comercio con Canadá (CETA). Bulgaria y Rumanía retiraron sus reservas al mismo a cambio de garantías por parte de Canadá de que en 2017 eximirá de visas a los ciudadanos de los dos países. No obstante, el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, advirtió que si el acuerdo no se firma las visas no serán abolidas. Factores de alto nivel en la UE sostienen que la firma podría realizarse esta semana, ya que la resistencia de la región belga de Valonia era superable. En opinión del primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, a ese respecto, tal resistencia era peligrosa para la UE porque podría convertir en una moda los precedentes de bloqueo de soluciones comunes de la Comunidad por la oposición de un único país. A pesar de la presión a la que está expuesta, Valonia, sola contra todos, todavía desiste de rendirse y hoy refutó las expectativas optimistas al rechazar el ultimátum de la UE para apoyar el CETA hasta el 24 de octubre, fecha en que vence el plazo perentorio.

En Bulgaria, es grande el número de quienes siguen creyendo que, comprometiéndose a apoyar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) a cambio de la cancelación de las visas canadienses, el Gobierno ha hecho un intercambio desigual. No así opinan los gobernantes, que consideran que la abolición de los visados garantiza la igualdad de trato a la Empresa búlgara en el proceso de integración, a gran escala, de los mercados desde Europa a Canadá, preparado por el acuerdo CETA.

El CETA se acordó, en principio, en octubre de 2013, las negociaciones sobre el pacto finalizaron en agosto de 2014 y su presentación oficial fue en septiembre de 2014. El Parlamento de Bulgaria lo discutió por primera vez apenas en julio de este año, además en orden puramente informativo. Los reclamos de los socialistas de votar la postura de Bulgaria en sala plenaria fueron rechazados y, a pesar de las advertencias a voz en cuello de su partido y de los nacionalistas del Ataka de que se está preparando una traición a la nación y que se avecina la muerte de la economía búlgara, no se llegó a un análisis de las consecuencias del acuerdo. De hecho, el premier Borisov se fue a Bruselas con las manos desatadas, sin un mandato del Parlamento para cualquier otra postura diferente a la previamente anunciada por él, de “apoyo al régimen sin visados con Canadá”. Y, una vez cumplida la solicitud, Bulgaria obtuvo algo en vez de nada.

Paradójicamente, ya no importa cuáles fueron las posiciones de las fuerzas políticas búlgaras hasta el momento y cómo serían después de la esperada firma del CETA. El equilibrio de las fuerzas en el Parlamento nacional es tal que el consentimiento para el apoyo al pacto a cambio de la suspensión de las visas canadienses no podrá ser retirado. Los gobernantes están a favor del CETA, el acuerdo beneficia incluso al opositor Movimiento por Derechos y Libertades; en contra están sólo los socialistas y los nacionalistas del Partido Ataka. Por otra parte, en virtud de las disposiciones del acuerdo, éste tendrá efecto inmediato, aunque “temporal”, en el momento de ser aprobado. Si en el proceso de su posterior ratificación algún Parlamento nacional lo rechaza, el acuerdo podrá ser denunciado con una nueva decisión del CE. Esto último, empero, no es de esperar, ya que daría lugar a una avalancha de casos de arbitraje y reclamaciones de indemnización contra la Empresa europea, y nadie quiere quemarse.

En otros países de la UE también hubo resistencia contra el CETA pero ya ha sido superada. Es superada, de hecho, también en Bulgaria, y las expectativas son que la región belga de Valonia acabe cediendo. La evolución de las cosas parece predestinada y la pregunta más importante ya no es si, sino cuándo se firmará el Acuerdo Económico y Comercial Global. El calendario provisional para su aprobación, hasta finales de año, todavía no ha sido alterado.

Versión en español por Daniela Radíchkova