Los reformatorios de la época del socialismo, creados con la presunción de que serían centros educativos para personas menores de edad, siguen existiendo incluso hoy en día si bien rebautizados con el nombre de internados-escuelas de educación. En virtud de una ley del año 1958 por fugarse de su hogar, vagar, mendigar y robar comida, los menores de edad autores de tales actos eran encerrados entre cuatro paredes quedando privados no sólo de libertad, sino de derechos esenciales relacionados con una vida en un entorno que no lesionara su dignidad, con el acceso a una educación de calidad y a una asistencia psicológica y médica.

La campaña “Por una justicia más humanista para los menores de edad”, de la Red Nacional de Menores apunta a que se reforme el sistema de la justicia para menores y aboga por la revocación de la ley de hace 60 años de Lucha contra las actuaciones antisociales de los menores de edad, el cierre de los internados correccionales, la implementación de medidas modernas para el trato con los niños con faltas, la creación de un espíritu de tolerancia en la sociedad.

Además de castigos el Estado debería ofrecer respaldo social a los menores de edad que hayan cometido algo irregular porque ésta es la forma única para que ellos dejen de tener reacciones negativas, comenta Dilyana Slavkova, coordinadora de la Red Nacional de Menores. Una parte enorme de estos niños que las más de las veces se dedican a robar malviven en una extrema pobreza, en un ambiente de violencia y malos tratos, y es ésta la causa que los impele a cometer delitos.

Cada año miles de menores de edad están siendo tratados como delincuentes y están siendo confinados en los internados en los que, sin embargo, no llegan a transformarse en personas mejores. Residen allá en condiciones incluso peores a las existentes en las cárceles y frecuentemente son víctimas de actos de violencia, señalan desde la Red Nacional de Menores.

Estos centros correccionales se encuentran situados en zonas bastante apartadas y, además, el personal no es capaz de atender a un número tan elevado de menores de edad. En ocasiones los chicos llegan a 50, precisa Dilyana Slavkova. El internado de Rakitovo, por ejemplo, se encuentra en la periferia de esa localidad, no tiene agua caliente y los niños van al baño público una vez a la semana. Pese a que los internados cuenten con una plantilla de profesionales, el propio sistema no permite, por mucho que se entregue a su labor este personal, desarrollar una actividad educativa y social verdadera .El Estado no lleva la cuenta de cuántos de los menores de edad que abandonan estos centros vuelven a optar por su modo de vida de delincuentes pero las observaciones hechas sobre terreno señalan que muchos de estos niños sigue reincidiendo en transgredir la ley. Otro de los problemas reside en el hecho de que, a menudo, el castigo es superior al peso que haya tenido la transgresión.

Hay, incluso casos por los que Bulgaria ha sido sancionada por el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, dice Dilyana Slavkova. Por ejemplo, los casos en que menores de edad habían sido alojados en internados como medida de amparo por haber sido anteriormente víctimas de tráfico y no haber tenido a dónde ir. O bien, se veían enviados a un internado por haber robado una tarta. El caso más drástico se ha dado con el confinamiento en internados de niños de muy corta edad, de unos 8 a 10 años, algo que es inadmisible.

El cierre de los internados correccionales y su sustitución por centros educacionales de vigilancia es una de las ideas plasmadas en un proyecto de ley del Ministerio de Justicia que, sin embargo, se mantiene inmovilizado desde hace ya dos años. El documento contempla ubicar estos centros en importantes núcleos poblacionales y no extender a más de 10 el número de los menores de edad alojados en ellos. El proyecto de ley para aplicar medidas educacionales ha sido previsto en la agenda del Parlamento de Bulgaria para debatirlo en mayo del año en curso pero hasta el momento no se ha acordado entre los respectivos ministerios la repartición de responsabilidades entre los mismos. Por esto la Red Nacional de Menores continuará su campaña enfatizando en la necesidad de que el Ministerio de Trabajo y Política Social incorpore a los niños transgresores de la ley a los grupos atendidos por los trabajadores sociales de los Departamentos de Protección del Menor y que a esos menores se les ofrezcan servicios especializados, que actualmente faltan.

Mientras tanto, esta ONG seguirá desarrollando su actividad en los cuatro centros para los derechos de los menores de edad que tiene en las ciudades de Sofía, Vratsa, Pazardzhik y Ruse, en los cuales psicólogos, trabajadores sociales y juristas ofrecen su asistencia y asesoría a niños que hayan contravenido la ley.

Vamos logrando resultados muy buenos y nuestro trabajo está demostrando que es precisamente la falta de un apoyo social una deficiencia de peso que aqueja al sistema actual, resume Dilyana Slavkova.

Versión en español por Mijail Mijailov
Fotos: nmd.bg