Una conferencia internacional sobre el tema “El porvenir seguro para las mujeres,u n porvenir seguro para todos” ha sido el marco de una conversación sincera entre representantes de las instituciones del Estado y de organizaciones no gubernamentales. El foro se ha celebrado bajo los auspicios de María Gabriel, comisaria europea de Economía Digital y ha sido organizado por la fundación “Asociación Animus”. Todos los participantes han coincidido en resaltar el hecho de que la violencia contra mujeres se va transformando en un problema cada vez más grave cuya solución no admite dilación.

Con este motivo, Dzhema Grozdanova, presidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de Bulgaria, ha señalado que Bulgaria ha sido el último de los países de la UE en firmar la Convención de Estambul pero que no la ha ratificado. Actualmente la entrada en vigor oficial de este documento se encuentra frenada y se producirá cuando la sociedad búlgara esté completamente preparada para ello. Hasta que esto ocurra se deberán ir tomando otras medidas para proteger a las víctimas. Según Tsetska Tsacheva, ministra búlgara de Justicia, urgen cambios del Código Penal: Hay que estructurar nuevos grupos de jueces para delitos de esta naturaleza, ya que los ahora existentes no incluyen el examen de actos vinculados con el tema de la violencia como delito. Los datos provienen de un estudio efectuado de la práctica judicial en una decena de juzgados regionales y se refieren a sentencias dictaminadas en el período desde 2012 hasta 2014 por homicidios premeditados o intentos de asesinatos de mujeres. En el 91 % de los casos los autores de los asesinatos de mujeres han sido hombres, en el 7 % ha habido complicidad de hombres y mujeres, y sólo un 2 % de los homicidios han sido cometidos por mujeres. En un 35 % de los casos los asesinatos y los conatos de tales han sido perpetrados por la pareja actual o antigua de la víctima, y en un 25 %, por un hermano, hijo, nieto u otro pariente varón. En un 31 % de los casos, han sido cometidos por otro hombre, conocido de la víctima y, en apenas un 9 % de los casos, ha intervenido un hombre desconocido. La conclusión que se desprende es que los casos de violencia doméstica hay que ponerlos en el centro de la atención a la hora de proceder a enmiendas legislativas nuevas. Se ha comprobado que la legislación vigente hasta ahora no es capaz de ofrecer una protección adecuada a las víctimas ni sanciones para los autores de los delitos de acoso o asecho, similares a las existentes en el resto de países europeos. A fecha de hoy las disposiciones legales no contemplan tampoco la persecución de la violencia psíquica como forma independiente de violencia. Este tipo de violencia es una manifestación casi invisible para la sociedad que, sin embargo, está ampliamente propagada. Por un lado, se trata de la violencia verbal, luego se sitúa el aislamiento de la víctima y la privación de ésta de recursos para actuaciones independientes. En tercer lugar está la privación de la víctima de recursos para su sustento. Los actos de violencia psíquica dejan huellas perdurables no sólo en la vida de la víctima, sino también en la de las personas que conviven con ella, como son los hijos.

Entre las participantes en la conferencia estaba también una mujer que durante años había sido víctima de actos violentos por parte de su esposo. Lo había llegado a abandonar en reiteradas ocasiones pero luego retornaba con la esperanza de que lo encontrara como un hombre diferente. Al comienzo todo iba de veras de manera estupenda pero luego el esposo volvía a las andadas.

La historia de esa mujer ha movido a Tsvetan Tsvetanov, ex ministro del Interior, a continuar con el tema de la violencia para llamar la atención sobre el problema del tráfico de personas. El denominador común entre los dos delitos es que apuntan ambos contra la personalidad y, por tal razón, quienes los cometen deben ser castigados con penas más severas. A juicio de Tsvetanov, hasta ahora más del 95 % de las condenas han sido sentencias condicionales pero: Puedo decir que cuando las instituciones actúan en mancomún son capaces de lograr conjuntamente el efecto pretendido con los cambios legislativos. Hemos podido aumentar las penas por tráfico de personas, y así las sentencias llegan a hasta 15 años de privación de libertad. Hemos subido igualmente el monto de las multas, aumentamos asimismo la pena mínima, lo cual posibilita que haya personas con sentencias efectivas. Sin embargo, ¿se han sensibilizado ya cada ciudadano y cada político con esta lucha? Es que, a fecha de hoy, no existen las ganas ni los compromisos indispensables por parte del poder local en lo tocante a la creación de comisiones locales para la lucha contra el tráfico de personas. A nivel provincial sólo contamos con una decena de tales. Hay que comprometer a la sociedad en esta lucha pero, en primer lugar, hay que llegar a los padres de eventuales víctimas. Es que el entorno familiar reviste una importancia extraordinaria para prevenir que nuestros hijos sean arrastrados a semejantes tramas delictivas.

Versión en español por Mijail Mijailov