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CETA plantea preguntas con respuestas ambiguas

Con 110 votos a favor, 98 en contra y 7 abstenciones, el Parlamento búlgaro ha aprobado recientemente en primera lectura un proyecto de ley que ratifica el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (UE), popularmente conocido como CETA (por sus siglas en inglés).

Las expectativas de los partidarios del CETA son que este acuerdo amplíe la lista de exportación de productos búlgaros a Canadá eliminando los aranceles de importación sobre los productos, y que facilite el acceso a su mercado de contratación pública bajo ciertas condiciones por parte canadiense. El Acuerdo se aplica desde el 21 de septiembre de 2017 de forma parcial, es decir, sin las disposiciones relativas a la protección de la inversión, la solución de controversias inversor−Estado, la protección de la propiedad intelectual, el empleo y la protección del medio ambiente, que son de la incumbencia nacional de los países miembros de la UE. Hasta el momento, excepto Francia y Alemania, el resto de países comunitarios ha aprobado el Acuerdo. Una de las razones por las cuales las dos economías más fuertes de Europa no se apresuran a ratificarlo es que los inversores extranjeros tendrán derecho a demandar a los países de la UE ante un tribunal supranacional.

Según Andrey Kovachev, eurodiputado búlgaro por el Partido Popular Europeo, se trata de un arbitraje público, en el cual el inversionista no tiene la oportunidad de influir en la elección de los árbitros, y si una de las partes no está satisfecha con la decisión puede presentar recurso de reposición en segunda instancia.

El arbitraje será público, independiente del inversor –explica Kovachev–. Los árbitros serán nombrados por parte del candidato a un puesto de magistrado superior conforme el sistema de la Organización Mundial de Comercio (OMC). De modo que no hay que temer en absoluto de que pueda suceder algo que perjudique a Bulgaria. También está previsto, caso de que las partes no quieren un arbitraje, que se pueda aplicar la legislación nacional de cada país. El sistema es abierto y agilizado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, las preocupaciones de la Cámara de Comercio de Bulgaria, las organizaciones civiles y los sindicatos están relacionadas con el hecho de que los inversores extranjeros podrán demandar a este país si consideran que las leyes vigentes en Bulgaria reducen sus ganancias, incluso cuando los marcos legales protegen la vida, la salud y el bienestar de los ciudadanos.

La gente y la Empresa tienen sus recelos en lo que respecta a los organismos modificados genéticamente y el gas de esquisto y las normas −comenta Andrey Kovachev−. El Acuerdo Comercial no incluye ninguna disposición que altere, disminuya o anule los altos estándares de la Unión Europea y el cumplimiento de nuestras leyes. Al igual que cualquier otro acuerdo comercial, este también puede ser modificado y adaptado a las nuevas condiciones. Se han tomado en consideración todas las críticas y el Acuerdo sintoniza con las reivindicaciones de los sindicatos y la Empresa, que se oponía a que el inversor designara árbitros privados que decidieran a su favor, sino que pretendía que la decisión fuera definitiva.

No obstante, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) tiene algunas reservas. Daniele Basso, encargado del comercio internacional en la CES, dijo a Radio Bulgaria que la Confederación ha logrado introducir la llamada herramienta interpretativa común para restringir el uso de la cláusula de salvaguardia por parte del inversor.

Lamentablemente, este organismo no ha conseguido incorporar una cláusula que imponga sanciones por transgredir los derechos de los trabajadores.

Versión en español de Daniela Radíchkova

Fotos: BGNES



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