“Dos pasos adelante, uno atrás”, en estos términos los laicos explican los pasos del tango. Las reformas sonadas en la Justicia y la Sanidad semejan los pasos de este baile. El ministro de Sanidad, Petar Moskov, retirará los textos de privatización de los hospitales públicos de la Ley de centros de sanidad, anunció el primer ministro, Boiko Borisov, el miércoles durante un control parlamentario. El jefe de Gobierno recordó cuánto dinero invierte el Estado en la Sanidad y, a pesar de esto, los ciudadanos están descontentos. Esto es lo que trata de cambiar el Gobierno mediante las reformas propuestas por Moskov, dijo Boiko Borisov. 

“A lo largo de los años, los gastos en el campo de la Sanidad no dejan de crecer. Más de 2 mil millones de euros gasta el Estado, además, los pacientes pagan un 48 %, se trata de enormes gastos. El objeto de esta reforma son los vacíos en la Caja de Salud Pública y los costosos servicios en los hospitales privados”. manifestó Boiko Borisov. 

La privatización de los hospitales fue aprobada por el Gabinete hace un mes junto con las enmiendas a la Ley de centros de sanidad. Los textos no figuraban en su variante inicial y fueron añadidos por el equipo de Moskov en el último momento. Antes de la oposición, diputados del partido de los gobernantes dieron la voz de alarma contra la enmienda que afecta la eliminación de la lista que prohíbe la privatización de casi 70 centros sanitarios en que predomina la participación estatal y municipal.

La tensión en GERB fue causada primero por el descontento de los médicos en este grupo parlamentario y los miembros de la Comisión parlamentaria de sanidad. El grado del descontento alcanzó su culminación después de las reacciones negativas de organizaciones de pacientes, médicos y organizaciones públicas.

En lo que a la reforma judicial se refiere, Boiko Borisov emprendió un rumbo nuevo, el de acortar los procesos judiciales. El momento no fue elegido por casualidad. El premier decidió dar su apoyo, ya que las propuestas para la reforma judicial propuestas por el Gobierno chocan con la resistencia directa e indirecta de la Fiscalía, la plantilla del sistema de justicia y los políticos vinculados con ellos. 

Un día después de que el Consejo Supremo de Abogados presentara su postura oficial, con la cual defendió las propuestas de la reforma de justicia, por casualidad o no, precisamente los abogados resultaron ser parte del círculo vicioso de la delincuencia doméstica. El miércoles en dos ocasiones, una vez ante los diputados en el control en la Asamblea Nacional y, antes de esto, en la sesión del Gabinete, el primer ministro señaló que ellos son parte del problema. Motivó las nuevas propuestas el ultimátum del Frente Patriótico de resultados en la lucha contra la delincuencia organizada. Boiko Boriosv precisó que la nueva iniciativa se desarrollará paralelamente con el cumplimiento de la ya aprobada estrategia de reforma.

El ataque del premier fue enfocado en los demasiado grandes, en sus palabras, derechos de los ciudadanos en el proceso penal, una tesis bien conocida de la Fiscalía y de la Policía, que es la justificación más fácil del fracaso sistemático en la lucha contra de crimen organizado y la corrupción. 

“Si desean un efecto real en la lucha contra la delincuencia debemos acortar el proceso judicial - dijo el premier en la sala plenaria -. Esto debe ser parte central de la reforma judicial. Llevamos decenios hablando de personas no enjuiciadas que llevan años en primera, segunda o tercera instancia. En las Aduanas y en la Policía de Tráfico tenemos los mismos problemas. ¿Cuál es la prevención de una persona que conduce sin carné? Y qué podemos decir de los robos domésticos y de los ladrones que tienen 40 a 50 causas penales sin condena. El efecto final es de 1-2 % de condenados. El abogado logra liberar al ladrón y éste vuelve a robar para pagar los honorarios del abogado”.

El tema de la gran reforma en el Código Penal Procesal aniquilaría los frágiles esfuerzos de los reformadores en el Parlamento. La Asamblea Nacional no puede ocuparse de enmiendas constitucionales, de la nueva Ley del poder judicial  y de enmiendas al Código Penal Procesal. El ministro de Justicia, Hristo Ivanov, ha dado su consentimiento de que hay que hacer enmiendas al proceso penal. Él espera las posturas del fiscal general y de los jefes de los Tribunales Superemos de operar eventuales enmiendas al Código Procesal Penal.

Versión en español por Hristina Taseva