Las desigualdades sociales y la inflación son dos de los principales problemas en la política de ingresos en Bulgaria. Si la inflación es un problema que se da en toda Europa y está provocado por factores externos como la guerra en Ucrania y el precio de la energía, en Bulgaria las diferencias demasiado grandes entre ricos y pobres es un problema desde hace años.

“El 35% de los búlgaros conforman el grupo de “los trabajadores pobres” que cobran el salario mínimo. Sobre este telón de fondo el crecimiento de la inflación, según el Instituto Nacional de Estadísticas, es del 17.3% sobre base interanual y el crecimiento de los ingresos es de apenas un 7.7%, es decir se rezaga considerablemente del de la inflación”, ha explicado para Radio Nacional de Bulgaria la economista Mika Zaikova.

“Debemos ser muy cautelosos a la hora de elevar el umbral de la pobreza. No bebemos aproximarlo a los salarios porque esto surtirá un efecto negativo sobre las personas que cobran el salario mínimo. Esta gente perderá el estímulo de buscar un trabajo mejor remunerado y de perfeccionar sus habilidades”, ha señalado por su parte el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Bulgaria, Tsvetan Simeonov.

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Un estudio de la Cámara realizado en el periodo del 19 al 29 de julio del presente muestra que una parte de los empleadores logran retener a su personal a pesar de la inflación y el aumento de los gastos. 

“Una gran parte de los empleadores han tratado de compensar la inflación y otra parte ha logrado adelantarse a ésta. Sus esfuerzos por retener a sus empleados les mueven a asignarles estímulos financieros adicionales que se aproximan a los niveles de la inflación”.

¿Cuáles son los recelos más significativos de los empleadores en la situación actual?

“En primer lugar está la imposibilidad de planificar a largo plazo el proceso productivo a causa de los precios de la energía y de las materias primas que cambian constantemente, ha señalado Simeonov. Persiste asimismo la dificultad a la hora de encontrar mano de obra bien cualificada”.

¿Cuáles son las medidas posibles que podrían limitar el aumento de las desigualdades entre los ciudadanos con respecto a sus ingresos?

Este problema es uno de los temas centrales en el marco de un proyecto titulado “Disminución de la pobreza y la desigualdad de las posibilidades mediante reformas en las transferencias y los servicios sociales”, ejecutado por el Instituto de Economía de Mercado. El proyecto terminará en septiembre pero ya han sido sacadas algunas conclusiones a base de los estudios realizados:

“Cuando hablamos de servicios sociales debemos saber que los recursos asignados por el Estado a éstos es de unos 500 millones de euros. El resultado de estos gastos va encaminado a los consumidores. Los servicios sociales son más de diez tipos pero son asignados de una manera dispersa y la financiación se lleva a cabo de cuatro maneras:

Mediante el presupuesto público, como una actividad delegada, a través del presupuesto municipal o mediante proyectos europeos”, ha explicado el economista Petar Ganev.

A juicio de la economista Mika Zaikova, lo que eleva los niveles de la inflación es la deficiente política fiscal y la desacertada política con respecto a las llamadas “medidas y ayudas”. En sus palabras, repartir dinero “por persona” es un paso contraproducente y no está a favor de las medidas encaminadas a combatir la inflación. En esta relación el Instituto de Economía de Mercado ha insistido que los servicios sociales se encaminen de manera más eficiente a los necesitados.

“Hace falta encontrar una manera para unir todos estos servicios. Es necesario crear un departamento común entre los ayuntamientos y las direcciones territoriales de ayuda social cuyo objetivo sea orientar a los necesitados al servicio más provechoso para ellos”.

Versión al español de Hristina Táseva