Un grupo de trabajo enmarcado en el Consejo Nacional de Cooperación Tripartita (compuesto por representantes del Gobierno, de los empleadores y los sindicatos) se encargará de solucionar el problema de los partes de baja por enfermedad falsos, que se ha agravado en los últimos años. Según los empleadores, las licencias fraudulentas dañan las arcas públicas en unos 200 millones de euros al año, mientras que la producción no producida equivale a unos 500 millones de euros. Además señalan que las licencias médicas aumentaron de 1,350,000 en 2012 a 2,750,000 en 2018. Los empleadores estiman que este doble crecimiento es el resultado del abuso de las licencias debido principalmente al bajo control por parte del Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Seguridad Social. Los empleadores consideran que el problema podría resolverse si el trabajador se hace cargo de abonar al menos los primeros tres días de la baja, una práctica difundida en otros países europeos. Los sindicatos dijeron que no lo permitirían.